Representantes de los 164 miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) inician mañana un encuentro a nivel ministerial para estudiar limitaciones a los subsidios globales a la pesca, tras 20 años de arduas negociaciones que la OMC quiere culminar con un acuerdo internacional en diciembre.
Continúan divergencias sobre qué subsidios prohibir y los países en desarrollo piden un tratamiento diferenciado que las potencias desarrolladas aún quieren matizar. Se había fijado el año 2020 como fecha límite para lograr un acuerdo, pero la pandemia de la Covid-19 retrasó las negociaciones y éstas continúan a lo largo de este año.
Aunque no se espera que en la reunión se logre un acuerdo, sí se busca allanar el camino para conseguirlo en la próxima reunión ministerial de la OMC del 30 de noviembre al 3 de diciembre, también en Ginebra.
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El debate sobre los subsidios, que se inició en 2001 con la agenda de Doha y tiene vertientes económicas, pero también medioambientales, busca prohibir las ayudas que fomentan prácticas ilegales y la sobrepesca, algo que amenaza la conservación del medio marino.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que un 34 % de los caladeros mundiales sufre la sobrepesca, más del triple que hace medio siglo, lo que pone en peligro un sector en el que trabajan 39 millones de personas en todo el mundo.
El embajador colombiano ante la OMC, Santiago Wills, preside las negociaciones y en su último borrador de acuerdo, presentado en junio, introdujo novedades como la propuesta de un periodo de “tregua” de dos años en el que la prohibición de subsidios no se aplique a países en desarrollo, aunque ello no contenta a todos.
Los tres países que más pescan, son China, Perú e Indonesia, considerados economías en desarrollo, mientras que Rusia se sitúa en cuarto lugar, Estados Unidos en el quinto y España ocupa la decimonovena posición.
Las negociaciones podrían complicarse todavía más y tomar connotaciones políticas, ya que Estados Unidos quiere introducir una vertiente social al posible acuerdo y ha pedido que se busque con él sancionar el uso de mano de obra forzada en la pesca, algo de lo que Washington acusa a empresas pesqueras chinas.
Otro punto a debate, y solicitado por organismos ambientales, es si prohibir los subsidios de un país a la pesca que se realiza en aguas internacionales y no reguladas por una organización regional de pesca, donde más difícil es controlar las prácticas ilegales y la sobrepesca.
Ello podría frenar prácticas muy criticadas como la pesca de faeneros chinos en aguas próximas a las ecuatorianas Islas Galápagos, un santuario de la biodiversidad que se teme podría estar en peligro por ello.